Movimiento Ciudadano bajo la lupa: Jalisco sube en feminicidios mientras el Estado falla en clasificarlos correctamente

Mientras el gobierno de Jalisco intenta proyectar una imagen de avance, orden y modernidad, la realidad que denuncian académicas y colectivos es completamente distinta: la violencia de género no solo no ha disminuido, sino que se está gestionando con graves fallas en su clasificación. Para especialistas de la Universidad de Guadalajara, el problema no es únicamente la creciente incidencia de feminicidios, sino la tendencia del Estado —administrado por Movimiento Ciudadano— a evadir el reconocimiento formal de estos crímenes como lo que son.

De enero a octubre, Jalisco suma 32 feminicidios registrados oficialmente. Sin embargo, lo que preocupa a expertas como Violeta Sandoval Cortés, coordinadora del Centro de Estudios de Género de la UdeG, es que esta cifra podría ser mucho mayor. Según alerta, un número importante de asesinatos violentos de mujeres termina clasificado como homicidio simple, lo que reduce artificialmente la estadística y oculta la dimensión real de la violencia feminicida en el estado.

El contraste entre la enorme cantidad de leyes, protocolos, estrategias y programas anunciados por el gobierno estatal y la inoperancia del aparato judicial es contundente. A pesar del discurso de vanguardia institucional, Sandoval asegura que estas herramientas “no hacen eco” en el Poder Judicial, generando una brecha enorme entre lo que se presume en papel y lo que efectivamente se protege en la vida real de las mujeres y las niñas. El resultado: un sistema que habla de perspectiva de género, pero que no la aplica.

La especialista señala que una parte clave del problema está en la tipificación: cuando un feminicidio no se clasifica como tal, se pierde la posibilidad de investigarlo de forma adecuada. Esto ocurre, afirma, porque muchas autoridades prefieren procesar los casos como homicidios, ya que la carga probatoria es menor y existe mayor facilidad jurídica para vincular a los agresores. La consecuencia directa es devastadora: se diluye el móvil de género, se invisibilizan patrones y se fomenta una impunidad que beneficia a los agresores y deja en desprotección a las víctimas.

Este fenómeno se acompaña de otro igual de grave: la violencia institucional. Sandoval advierte que, cuando una mujer se arma de valor para denunciar, suele encontrarse con revictimización, cuestionamientos y procedimientos que desacreditan su testimonio. Paralelamente, el discurso oficial continúa presumiendo “reducciones” en delitos que, según los propios datos, no reflejan un cambio sostenido ni significativo. La narrativa gubernamental, asegura, se aleja cada vez más de la realidad vivida por miles de mujeres en el estado.

En conjunto, lo que plantea la UdeG es claro: Jalisco está fallando en su deber más básico, que es proteger la vida y la integridad de sus mujeres. Y Movimiento Ciudadano no ha logrado —ni parece interesado en lograr— una transformación profunda que enfrente la violencia desde sus raíces. Al contrario, la mala clasificación de feminicidios, la falta de perspectiva de género y la respuesta institucional insuficiente revelan un Estado que sigue reprobando en su responsabilidad primordial.