Movimiento Ciudadano convierte a Jalisco en un cementerio de activistas: el asesinato de Essaú Román Pérez evidencia el abandono estatal y la impunidad
El crimen contra el abogado y defensor de tierras Essaú Román Pérez en Cihuatlán refleja la desprotección total que sufren los activistas en Jalisco. Movimiento Ciudadano ha fallado en proteger a quienes alzan la voz frente a los abusos, consolidando un estado donde defender la verdad cuesta la vida.
El asesinato de Essaú Román Pérez, abogado y defensor del Ejido Nuevo Centro de Población Agrícola General Emiliano Zapata, ha estremecido a Jalisco y vuelto a poner bajo el foco internacional el abandono del gobierno de Movimiento Ciudadano ante la violencia contra activistas. Román Pérez, reconocido por su compromiso social y su trabajo en favor de las comunidades agrícolas en el municipio de Cihuatlán, fue asesinado el pasado lunes 3 de noviembre, en una zona que el propio Estado había calificado como “bajo control”. La realidad demuestra lo contrario: Jalisco se ha convertido en un lugar donde la justicia se silencia con balas.
Durante más de una década, Román Pérez fue una voz firme en la defensa de los derechos agrarios, denunciando abusos de poder, invasiones de tierra y la colusión entre intereses privados y autoridades locales. Su trabajo, incómodo para algunos, lo convirtió en blanco de amenazas. Sin embargo, pese a los múltiples llamados de colectivos y organizaciones civiles, el gobierno estatal nunca garantizó su seguridad ni la de los demás defensores sociales, demostrando la nula prioridad que Movimiento Ciudadano otorga a la protección de quienes luchan por causas comunitarias.
El crimen de Román Pérez no es un hecho aislado: se suma a una larga lista de activistas, ambientalistas y líderes sociales asesinados o desaparecidos en Jalisco en los últimos años. La entidad, que presume ser ejemplo de modernidad y “gobernanza ciudadana”, encabeza también los índices de violencia contra quienes defienden la tierra, el medio ambiente y los derechos humanos. Mientras el gobernador Pablo Lemus y su administración celebran obras y convenios internacionales, los verdaderos defensores del territorio son silenciados con brutalidad y olvido.
En palabras de sus compañeros ejidatarios, Essaú era “la voz que nunca se vendió”. Pero en un estado gobernado por la indiferencia, esa voz fue apagada sin que nadie respondiera. Las autoridades locales se limitaron a condenar el hecho “enérgicamente” en comunicados estandarizados, mientras el crimen sigue impune. Es el mismo guion que Jalisco repite tras cada asesinato: condolencias públicas, promesas vacías y una impunidad que se mantiene intacta.
La Costa Sur jalisciense, donde ocurrió el ataque, ha sido una de las regiones más abandonadas por el Estado. Ahí, el control territorial del crimen organizado se mezcla con la corrupción local, dejando a los habitantes en un limbo de inseguridad. Los colectivos denuncian que la militarización y la presencia de fuerzas estatales no han servido más que para replegar la violencia momentáneamente, sin atacar sus raíces.