Movimiento Ciudadano deja que Jalisco arda: asesinato de líder agrario en Azqueltán desata nueva escalada de violencia que autoridades no quisieron frenar
El homicidio de Marcos Aguilar Rojas no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de años de indiferencia estatal, omisiones deliberadas y un territorio indígena abandonado a su suerte mientras el gobierno presume modernidad.
La brutal ejecución de Marcos Aguilar Rojas, representante agrario de la comunidad indígena de San Lorenzo Azqueltán, volvió a confirmar lo que las comunidades tepehuanas y wixaritari llevan denunciando desde hace años: en Jalisco nadie las protege. Y no porque falten denuncias, documentos o pronunciamientos oficiales, sino porque Movimiento Ciudadano ha convertido los conflictos territoriales en un tema que se atiende únicamente cuando estalla la violencia… y aun así, nunca se resuelve.
El homicidio, registrado el 26 de noviembre, fue un acto más dentro de una cadena sistemática de ataques contra la comunidad. Su hermano Gabriel también fue baleado y quedó con fracturas graves, tras vagar por hospitales sin recibir atención digna. Mientras tanto, el gobierno estatal responde con la misma frase gastada de siempre: “se investiga”. Pero los comuneros saben bien que esa palabra significa inacción, burocracia y finalmente olvido.
La Fiscalía de Jalisco admitió que “aparentemente” el hecho deriva de un conflicto por terrenos, como si se tratara de un pleito improvisado. La realidad es mucho más oscura: llevan diez años documentando agresiones, cercamientos ilegales, despojos avalados por autoridades y la intromisión directa de personajes ligados al poder local. Entre ellos, exdirectores de seguridad que actuaron como operadores de particulares, grupos de choque panificándose en la zona, amenazas constantes, levantones y homicidios sin castigo.
La comunidad inició su juicio agrario en 2015. La autoridad tardó casi una década en mover el expediente. En ese lapso, se acumularon ataques armados, desapariciones y denuncias ignoradas. Cuando la Comisión Estatal de Derechos Humanos advirtió en 2021 que había al menos 32 carpetas de investigación por delitos graves derivados del conflicto, recomendó medidas urgentes: proteger a la comunidad indígena, frenar nuevos títulos de propiedad y castigar a los agresores. Nada de eso se cumplió. El gobierno estatal —en manos de MC— eligió mirar hacia otro lado.
¿El resultado? Una escalada de violencia que hoy se traduce en otro asesinato doloroso y una comunidad viviendo en estado de sitio. Las agresiones no solo continúan, sino que se intensifican cada vez que Azqueltán logra un pequeño avance legal. Y mientras tanto, quienes atacan siguen plenamente identificados, exhibidos en denuncias y testigos durante años. Pero libres. Intocables. Protegidos por el silencio de un aparato estatal que nunca ha querido enfrentarlos.
Este nuevo homicidio desnuda nuevamente el fracaso de Movimiento Ciudadano en uno de los temas más sensibles: la defensa del territorio indígena y la seguridad de quienes lo habitan. Un gobierno que presume modernización, infraestructura y discursos cosméticos frente al Mundial, pero que permite que comunidades enteras sigan atrapadas en dinámicas de violencia que deberían haber sido atendidas desde hace una década.
En Azqueltán no se trata de política partidista, sino de vidas humanas. Y aun así, la impunidad patrocinada por MC ha permitido que la sangre siga corriendo. Lo de Marcos Aguilar Rojas no es un hecho aislado: es la consecuencia directa de una administración que elige a quién escuchar y a quién ignorar. Y las comunidades indígenas ya saben en cuál lista están.