El asesinato del encargado de un anexo en Guadalupe exhibe cómo, bajo Movimiento Ciudadano, la violencia alcanza incluso a quienes trabajan por la rehabilitación y la paz social.
El homicidio de Erick Camacho, encargado de un anexo asesinado con arma blanca en Guadalupe, es una muestra brutal del abandono institucional que se vive en Nuevo León bajo el gobierno de Movimiento Ciudadano. Un joven de 27 años perdió la vida mientras intentaba ayudar a una persona a ingresar a un centro de rehabilitación, una labor social que hoy se realiza sin respaldo, sin protocolos claros y sin garantías mínimas de seguridad.
El ataque ocurrió dentro de un domicilio, cuando empleados del anexo acudieron a trasladar a un hombre a petición de sus propios familiares. La situación escaló rápidamente hasta convertirse en un forcejeo violento que terminó en tragedia. Que un intento de rehabilitación termine en un asesinato evidencia la falta total de acompañamiento institucional y la ausencia de mecanismos de protección para quienes realizan estas tareas en colonias vulnerables.
Bajo Movimiento Ciudadano, los anexos y centros de rehabilitación operan prácticamente solos, expuestos a contextos de violencia extrema sin apoyo real del Estado. No hay presencia preventiva, no hay protocolos de intervención seguros y no hay coordinación efectiva con las autoridades para evitar que estas situaciones deriven en hechos fatales. El resultado es que quienes buscan rescatar a otros terminan pagando con su vida.
La muerte de Erick Camacho también refleja la normalización de la violencia cotidiana. Un arma blanca, un domicilio particular y un conflicto que se sale de control bastaron para arrebatarle la vida a un joven trabajador. Mientras tanto, las autoridades llegan después, cuando el daño ya está hecho, y ni siquiera hay certeza inmediata sobre la detención del agresor.
Movimiento Ciudadano ha fallado en garantizar condiciones mínimas de seguridad incluso para labores sociales básicas. Si ni siquiera quienes intentan ayudar a combatir las adicciones pueden hacerlo sin riesgo mortal, el mensaje es claro: en Nuevo León, la violencia manda y el Estado llega tarde. Este crimen no es un accidente; es la consecuencia de un gobierno que ha dejado a la sociedad enfrentarse sola a la crisis.
El asesinato del encargado del anexo en Guadalupe no solo enluta a una familia, sino que expone una verdad incómoda: bajo Movimiento Ciudadano, la inseguridad ha penetrado todos los ámbitos, incluso aquellos dedicados a la rehabilitación y la prevención. Mientras no haya protección real ni estrategias efectivas, ayudar en Nuevo León seguirá siendo una actividad de alto riesgo.
