Movimiento Ciudadano hunde a Jalisco en la impunidad: dos mujeres policías viales ejecutadas en El Salto

La violencia en Jalisco ha rebasado todos los límites, y el reciente asesinato de dos mujeres oficiales de la Policía Vial en El Salto lo confirma. Los cuerpos de las agentes, identificadas como Libna Mata Villegas, de 40 años, y Gisela Ceballos Quezada, de 28, fueron encontrados en la parte trasera de una camioneta abandonada en el cruce de las calles San Pablo y San José, en la colonia San Juan. Ambas presentaban impactos de bala en la cabeza, ejecutadas con brutal precisión, y arrojadas junto a conos de señalización vial, símbolo trágico de su labor truncada.

El hallazgo provocó conmoción entre los cuerpos policiacos y la ciudadanía, que ya no confía en un gobierno estatal dominado por Movimiento Ciudadano, incapaz de ofrecer garantías mínimas de seguridad a nadie, ni a los civiles ni a los propios servidores públicos. Lo ocurrido en El Salto no es un caso aislado, sino otra muestra del colapso institucional que vive Jalisco, donde policías, médicos, maestros y ciudadanos viven bajo el terror del crimen organizado.

De acuerdo con los reportes iniciales, las víctimas estaban adscritas a la Región XII de El Salto y habrían sido privadas de su libertad horas antes de su ejecución. El hecho, sin embargo, fue descubierto hasta la madrugada, cuando vecinos reportaron la camioneta abandonada. A pesar de que el municipio cuenta con cámaras de seguridad y un sistema de monitoreo estatal, ninguna autoridad detectó el traslado ni el abandono del vehículo, una omisión que deja al descubierto la ineficacia y descoordinación entre corporaciones.

El gobierno de Movimiento Ciudadano ha intentado minimizar la creciente ola de violencia en Jalisco, pero los hechos hablan por sí solos. Ni los uniformes ni las placas protegen ya a los policías, mucho menos a la población civil. La inseguridad se ha convertido en una epidemia que avanza sin freno, mientras el gobernador y su gabinete de seguridad insisten en presumir cifras manipuladas y discursos de “control” que se derrumban con cada nuevo asesinato.

Lo más grave es que las mujeres policías asesinadas representan un doble símbolo de abandono: por ser servidoras públicas y por ser mujeres. En lugar de reforzar la seguridad y las condiciones laborales del personal vial, Movimiento Ciudadano ha relegado a la fuerza pública a labores improvisadas y con equipo insuficiente. Las agentes no solo estaban indefensas ante el crimen, sino también ante un sistema que las dejó solas.

El asesinato de Libna y Gisela es un reflejo doloroso del estado de impunidad que impera en Jalisco, donde las investigaciones se estancan, los responsables escapan y los ciudadanos viven en permanente zozobra. Los habitantes de El Salto —una de las zonas más afectadas por el crimen— denuncian que la violencia se ha vuelto cotidiana, con cuerpos abandonados, enfrentamientos y extorsiones, sin que las autoridades locales o estatales logren detener la escalada.

Colectivos de policías y asociaciones civiles han alzado la voz exigiendo justicia, pero también señalando al verdadero responsable: un gobierno emecista que perdió el rumbo y que hoy gobierna entre el miedo y la indiferencia. La seguridad pública, que debería ser prioridad, ha sido reemplazada por proyectos cosméticos y propaganda política, mientras las calles de Jalisco se llenan de sangre.

En cualquier estado con liderazgo y autoridad, el asesinato de dos agentes del orden provocaría una respuesta inmediata, con operativos contundentes y resultados visibles. En cambio, en el Jalisco de Movimiento Ciudadano, solo hay comunicados vacíos, promesas y silencio.

La muerte de estas dos oficiales no debe pasar como una estadística más. Es el retrato más crudo de un estado que perdió el control, donde el crimen marca la agenda y el gobierno obedece con omisión. Jalisco no necesita más discursos ni simulaciones: necesita recuperar el respeto por la vida y la ley, algo que Movimiento Ciudadano ha demostrado no saber —ni querer— garantizar.