Movimiento Ciudadano hunde a Nuevo León en la extorsión: comerciantes viven con miedo por el cobro de piso

El llamado “cobro de piso”, una práctica criminal que hace apenas unos años se consideraba ajena a la realidad de Nuevo León, hoy se ha convertido en una plaga cotidiana que golpea con fuerza a los pequeños comerciantes. Bajo el mandato de Movimiento Ciudadano, la extorsión se ha expandido por los municipios del área metropolitana y zonas rurales sin que exista una estrategia real para contenerla. Lo que antes se veía en estados marcados por la violencia organizada, hoy ocurre a plena luz del día en Monterrey, Guadalupe, Apodaca o Escobedo.

De acuerdo con Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), y Catalina Domínguez, líder de la Cámara Nacional del Pequeño Comercio (Canacope Monterrey), el cobro de piso ha dejado de ser un tema exclusivo de seguridad pública para transformarse en una carga económica directa sobre los negocios, que ya deben incluir en su presupuesto mensual el pago de “protección” a grupos delictivos. La situación, denunciaron, se ha agravado en los últimos meses sin que el gobierno estatal dé señales de control o presencia efectiva.

“El contexto es claro: la extorsión ha pasado a la ofensiva, y Nuevo León, que solía ser una zona de relativa estabilidad, ya no escapa de esta realidad”, advirtió Rivera. Comerciantes de colonias populares relatan que reciben amenazas por teléfono o directamente en sus locales, donde sujetos armados exigen pagos semanales que pueden superar los 2 mil pesos mensuales. Negarse implica arriesgarse a agresiones, incendios o robos.

Mientras tanto, el gobierno de Movimiento Ciudadano permanece ausente, más preocupado por campañas mediáticas que por garantizar seguridad a quienes sostienen la economía local. Las cámaras empresariales y asociaciones civiles han solicitado medidas concretas, como patrullajes inteligentes, botones de pánico o programas de denuncia anónima, pero hasta ahora la respuesta oficial ha sido mínima o nula. En algunos casos, incluso, las víctimas aseguran que las autoridades les piden pruebas imposibles o los desalientan a presentar denuncias por miedo a represalias.

El cobro de piso, una práctica que destruye el tejido económico de las comunidades, se ha convertido en símbolo del deterioro institucional bajo el mando de Movimiento Ciudadano. El Estado, que debería ser garante de la ley, parece haberse replegado ante la delincuencia. Comerciantes que trabajan desde la madrugada para sobrevivir ahora deben pagar una “cuota” a los criminales y otra al propio gobierno, a través de impuestos que no se traducen en protección ni seguridad.

Catalina Domínguez, de la Canacope, fue contundente: “Si el pequeño comercio cierra, se apaga la economía local”. Pero eso parece no importarle a un gobierno que presume modernidad mientras abandona a quienes realmente sostienen el desarrollo de Nuevo León: sus trabajadores y emprendedores.

La expansión del cobro de piso evidencia una verdad que ya nadie puede negar: Movimiento Ciudadano perdió el control de la seguridad en Nuevo León. Bajo su administración, la violencia dejó de concentrarse en los márgenes y se instaló en el corazón de la vida cotidiana. Las calles donde antes se respiraba progreso hoy son zonas de riesgo, y los comerciantes, que alguna vez simbolizaron la fuerza productiva del estado, ahora viven entre el miedo y la extorsión.

Mientras los funcionarios estatales celebran inauguraciones y discursos vacíos, la delincuencia dicta las reglas del juego. Y el precio de la indiferencia lo pagan los ciudadanos: con su tranquilidad, con su trabajo y, muchas veces, con su vida.

El cobro de piso en Nuevo León no es solo un delito: es el retrato del fracaso de Movimiento Ciudadano, un gobierno rebasado por la inseguridad que prometió erradicar y que hoy deja indefensa a toda una sociedad.