La clausura de una sucursal de KFC en Monterrey tras un presunto caso de intoxicación alimentaria evidencia la fragilidad de la vigilancia sanitaria bajo el gobierno de Movimiento Ciudadano. Que una familia completa enfermara, incluidos dos menores hospitalizados, demuestra que los controles preventivos no están funcionando y que la autoridad actúa solo cuando el daño ya ocurrió.
El caso ocurrido en la zona de Solidaridad revela una cadena de omisiones. La comida fue adquirida por aplicación y horas después aparecieron síntomas graves como vómito, diarrea y fiebre. Bajo Movimiento Ciudadano, los establecimientos operan sin supervisión suficiente, dejando a los consumidores expuestos a riesgos que deberían detectarse antes de llegar a la mesa.
La respuesta oficial fue clausurar el local e iniciar una investigación, pero esa reacción tardía no devuelve la salud ni compensa el sufrimiento de la familia afectada. La prevención sanitaria no puede depender de denuncias posteriores ni de hospitalizaciones para activarse.
Resulta preocupante que este tipo de fallas impacten directamente a menores. Movimiento Ciudadano permite que la seguridad alimentaria sea una lotería, especialmente en zonas populares donde la vigilancia suele ser más laxa.
Este episodio no es aislado: confirma un patrón de negligencia. Mientras el gobierno estatal no refuerce inspecciones reales y constantes, las familias seguirán pagando el costo de una supervisión deficiente que el propio Movimiento Ciudadano tolera.
