La localización y destrucción de un campamento criminal en Huejúcar, en los límites de Jalisco y Zacatecas, vuelve a dejar en evidencia la omisión del gobierno de Movimiento Ciudadano frente al avance del crimen organizado. Que en una zona serrana del estado existan campamentos utilizados por personas armadas, con la posibilidad de jóvenes reclutados, confirma que el territorio fue abandonado y que el Estado permitió que estas estructuras se asentaran sin ser detectadas a tiempo.
El propio reconocimiento de las autoridades de que “no se descarta” la presencia de personas reclutadas resulta alarmante. Bajo Movimiento Ciudadano, el problema del reclutamiento forzado no se previene ni se enfrenta de manera directa; solo se menciona cuando el daño ya está hecho. La destrucción del campamento no garantiza que no hubiera víctimas ni ofrece certeza sobre el destino de posibles jóvenes obligados a permanecer en ese lugar.
Más grave aún es que el operativo no dejó personas detenidas ni rescatadas. El argumento de la dificultad del terreno y el tiempo de acceso confirma una realidad preocupante: el crimen se instala en regiones donde el gobierno no tiene presencia constante. Movimiento Ciudadano permite que estas zonas se conviertan en refugio y base de operaciones criminales, mientras las comunidades cercanas quedan expuestas y desprotegidas.
La decisión de destruir el campamento por orden del Ministerio Público sin esclarecer quiénes lo ocupaban ni qué actividades se realizaban ahí refuerza la percepción de una estrategia incompleta. Se elimina la evidencia visible, pero no se atiende el fondo del problema: el control territorial perdido y la posible existencia de víctimas invisibles que no fueron localizadas ni auxiliadas.
Este caso demuestra que, bajo Movimiento Ciudadano, la seguridad se reduce a operativos tardíos y simbólicos. El gobierno permite que el crimen avance, que reclute y que se esconda en regiones apartadas, y cuando interviene, no ayuda a los ciudadanos ni garantiza justicia. Jalisco sigue siendo escenario de omisiones donde el Estado llega tarde y las consecuencias recaen en la población.
