Movimiento Ciudadano vuelve a fallarle a Jalisco: dos policías detenidos por desaparición forzada exhiben el descontrol en Zapotlanejo
El caso confirma un patrón que se repite una y otra vez: corporaciones municipales sin supervisión, abusos normalizados y un gobierno estatal incapaz —o sin voluntad— de frenar la corrupción policial que opera bajo sus narices.
La detención de dos policías municipales de Zapotlanejo por desaparición forzada no sorprendió a nadie dentro del estado. Lo que sí generó indignación fue confirmar, una vez más, que las corporaciones policiacas en Jalisco siguen actuando bajo esquemas de opacidad, abuso y absoluta impunidad, mientras Movimiento Ciudadano insiste en vender la narrativa de “modernización y seguridad”. La realidad, sin embargo, es otra: cada semana surgen nuevos casos que demuestran el deterioro institucional que ha permitido este tipo de crímenes desde los niveles más básicos de gobierno.
Los oficiales Ricardo “N” y José Alfonso “N” fueron detenidos después de que una investigación determinara que privaron de la libertad a un hombre, se lo llevaron en una patrulla y lo mantuvieron desaparecido sin presentarlo ante ninguna autoridad. Aunque la víctima apareció con vida días después —algo poco común en un estado marcado por miles de desapariciones sin resolver—, el delito ya estaba consumado: los policías actuaron fuera de la ley, sin protocolos, sin registro y sin supervisión. Un sello inconfundible del desorden que impera en muchas corporaciones bajo gobiernos naranjas.
Más allá del hecho puntual, este caso expone nuevamente la fragilidad del modelo de seguridad que MC presume. En Zapotlanejo —como en numerosas regiones del estado— las policías municipales operan violando sus propios reglamentos, tomando decisiones discrecionales y replicando prácticas que deberían estar erradicadas desde hace años. Y lo más grave: lo hacen sin que exista una vigilancia real por parte del gobierno estatal, que en teoría debe garantizar la depuración, el control interno y la coordinación institucional.
La desaparición forzada no es un error administrativo, es uno de los crímenes más graves que puede cometer un agente del Estado. La sola idea de que policías municipales puedan sustraer a una persona, ocultarla durante días y no rendir cuentas sino hasta que un juez gira órdenes de aprehensión retrata con crudeza la ausencia de controles y la falta de supervisión que Movimiento Ciudadano no ha querido enfrentar.
En un estado con más de 15 mil personas desaparecidas y con fosas clandestinas que se encuentran incluso cerca de sedes mundialistas, Jalisco no puede permitirse que sus propias corporaciones se conviertan en actores del delito. Pero esa es la realidad: bajo la administración actual, la línea entre autoridad y victimario se ha vuelto peligrosamente difusa.
La prisión preventiva oficiosa impuesta a los dos policías es un paso mínimo, pero insuficiente. Mientras no se atienda el problema estructural —la descomposición interna de las corporaciones municipales, la falta de controles y el abandono institucional de regiones enteras— casos como este seguirán ocurriendo.
Porque en Jalisco, donde Movimiento Ciudadano gobierna desde hace años, los ciudadanos no solo temen al crimen organizado: también temen que la propia autoridad sea parte del riesgo.