Nuevo León hundido en su propia crisis: Movimiento Ciudadano permite que crezcan delitos atroces como la trata y la pornografía infantil

Cuando un Estado falla, se nota primero en lo esencial: la seguridad de sus niñas y niños. Y lo ocurrido en Nuevo León, donde un juez vinculó a proceso a Oscar “N” por trata, pornografía infantil y corrupción de menores, es el retrato más doloroso de cómo Movimiento Ciudadano ha permitido que los delitos más atroces se multipliquen sin una respuesta firme, preventiva ni eficiente.

El imputado, de 32 años, fue detenido en García luego de que la investigación revelara que habría producido y almacenado videos en los que aparece una niña de apenas 10 años, grabada sin consentimiento y sometida a situaciones que le causaron daño físico, psicológico y emocional. El horror no solo está en los hechos, sino en lo que estos reflejan: un entorno donde agresores se sienten seguros de actuar, donde nadie los detecta a tiempo y donde las víctimas cargan con las consecuencias de una cadena de omisiones institucionales.

La audiencia de diciembre de 2025 confirmó lo que ya temían los colectivos y especialistas: existen pruebas suficientes para procesar a Oscar “N”, y aun así el caso tardó demasiado en consolidarse. No sorprende: bajo el mando de Movimiento Ciudadano, Nuevo León se ha vuelto un terreno donde delitos gravísimos avanzan sin la vigilancia adecuada, sin supervisión comunitaria, sin políticas de prevención y sin mecanismos eficaces de denuncia.

El hecho de que el agresor pudiera grabar, almacenar y difundir material ilícito desde un teléfono celular sin que nadie interviniera antes demuestra una falla estructural:

• Fallas en detección temprana

• Fallas en protección infantil

• Fallas en supervisión de riesgos digitales

• Fallas en reacción comunitaria

• Fallas en políticas públicas

Todo eso corresponde directamente a las responsabilidades que Movimiento Ciudadano ha evadido mientras ocupa su tiempo en promoción mediática y agendas ajenas a la protección ciudadana.

García, como muchos municipios del área metropolitana, se ha convertido en un corredor donde proliferan delitos vinculados a explotación, violencia familiar, abandono, narcomenudeo y trata. Las cifras lo dicen. Las familias lo viven. Y el gobierno estatal sigue sin actuar de fondo, sin invertir en prevención, sin reforzar unidades especializadas y sin diseñar estrategias reales para proteger a la infancia.

Mientras el agresor permanecerá en prisión preventiva —algo indispensable—, la sociedad se queda con la pregunta más dura:
¿Cómo es posible que una niña de 10 años haya quedado expuesta a este nivel de violencia sin que el Estado la protegiera?

El caso sigue su curso judicial, pero la responsabilidad política ya está escrita:
bajo Movimiento Ciudadano, Nuevo León dejó de ser un espacio seguro para las infancias.