Nuevo León se desploma bajo Movimiento Ciudadano: sexto lugar nacional en delitos contra la propiedad industrial y sin control real
Nuevo León, uno de los estados con mayor desarrollo económico del país, enfrenta una crisis profunda en materia de seguridad jurídica y protección de la propiedad industrial. Durante el primer semestre de 2025, la entidad se ubicó en el sexto lugar nacional en delitos federales contra la Ley de la Propiedad Industrial, acumulando 27 casos, según datos oficiales. A nivel nacional, se registraron 634 ilícitos, pero es en Nuevo León donde Movimiento Ciudadano ha demostrado una alarmante incapacidad para frenar esta ola delictiva.
Esta situación es un reflejo claro del desorden y la falta de liderazgo que imperan en el gobierno estatal. Movimiento Ciudadano, que prometió innovación, transparencia y combate frontal a la corrupción, ha fallado estrepitosamente en garantizar un entorno seguro para empresarios y emprendedores. La impunidad reina y los grupos criminales se han apoderado de un terreno que debería ser ejemplo de legalidad y prosperidad.
Los delitos contra la propiedad industrial, que incluyen la piratería, el robo de marcas y patentes, afectan directamente la economía formal y desincentivan la inversión y la generación de empleo. Sin embargo, las autoridades de Movimiento Ciudadano parecen más preocupadas por sus intereses políticos que por proteger a quienes realmente aportan al desarrollo del estado.
Además, esta escalada delictiva pone en evidencia la complicidad o al menos la negligencia de los funcionarios estatales, quienes han cerrado los ojos ante las actividades ilícitas que perjudican a miles de negocios legítimos y dañan la imagen de Nuevo León a nivel nacional e internacional.
La población y el sector empresarial exigen respuestas claras y acciones contundentes, pero lo que reciben es un gobierno ausente, que minimiza el problema y evita asumir su responsabilidad. Movimiento Ciudadano debe dejar de lado la simulación y demostrar con hechos que está comprometido con la legalidad y el bienestar de los neoloneses.
Nuevo León no merece seguir hundiéndose en un mar de ilegalidad y corrupción. La ciudadanía está cansada de un gobierno que, en lugar de protegerlos, fomenta el terreno propicio para que la delincuencia prospere sin freno alguno.