El Congreso sí cumplió y aprobó el paquete fiscal en diciembre, pero el gobernador optó por el veto y el cierre del Periódico Oficial; denuncian que la falta de diálogo real busca asfixiar financieramente a la Fiscalía y al Poder Judicial.
Nuevo León ha entrado a 2026 sumergido en una crisis de legalidad que parece no tener fin. Por cuarto año consecutivo, el estado opera bajo el esquema de reconducción presupuestal, una medida que la oposición y expertos califican de ilegal. La narrativa oficial de Samuel García intenta posicionar este estancamiento como una falta de acuerdos, pero la realidad jurídica es distinta: el Congreso local sí aprobó un Presupuesto de Egresos el pasado 17 de diciembre. Sin embargo, en lugar de publicarlo, el gobernador recurrió al veto extemporáneo y a la parálisis administrativa, ignorando la facultad constitucional del Legislativo para decidir sobre el gasto público.
Desde la Comisión de Presupuesto del Congreso, la voz de alerta es clara: la reconducción impuesta por el Ejecutivo es un atentado a la certeza jurídica. Al aplicar los recursos de 2025 para el ejercicio 2026, el gobernador no sólo ignora la inflación y las nuevas necesidades del estado, sino que utiliza el dinero público como un garrote político. Diputados denuncian que el objetivo real de esta maniobra es estrangular financieramente a los organismos autónomos, a la Fiscalía y al Poder Judicial, recortándoles de facto los recursos necesarios para operar bajo el pretexto de que “no hay un nuevo presupuesto”.
El diálogo del que presume Samuel García en sus redes sociales ha resultado ser puramente mediático. Mientras el mandatario asegura estar “abierto a negociar en buena onda”, en los hechos no ha buscado un acercamiento real ni técnico con las bancadas de oposición. Las mesas de trabajo se han convertido en simulaciones donde no asisten los titulares de las dependencias clave, dejando las dudas de los legisladores sin respuesta. Esta estrategia de “puertas cerradas” confirma que el Ejecutivo prefiere gobernar por decreto y capricho antes que someterse a la revisión y transparencia que exige un paquete fiscal compartido.
El costo de este berrinche presupuestal lo paga la ciudadanía. Con un Mundial de Fútbol en puerta y obras de movilidad pendientes, Nuevo León inicia el año con un presupuesto “fantasma” que no garantiza la seguridad ni la justicia. Al normalizar la reconducción, Samuel García está sentando un precedente autoritario donde la voluntad de una sola persona se impone sobre la ley. Si no hay voluntad de diálogo real y se mantiene el desprecio por lo aprobado en el Congreso, el 2026 será recordado como el año en que la institucionalidad de Nuevo León terminó de descarrilarse por la soberbia de un gobierno que solo sabe hablar para la cámara.
