Prohibir no es proteger: la ley contra los vapeadores que empuja a México hacia un mercado más riesgoso y sin control

La ley que pretende prohibir la importación, venta y distribución de vapeadores en México avanza bajo el argumento de proteger la salud pública, especialmente la de niñas, niños y adolescentes. La iniciativa plantea eliminar cualquier forma de exhibición, restringir totalmente la comercialización y aumentar las sanciones para quienes continúen operando en este mercado. Aunque la intención parece clara, la ejecución ha despertado preocupación entre expertos, organizaciones de consumidores y especialistas en regulación sanitaria.

Uno de los principales señalamientos es que la propuesta confunde prohibición con prevención. En lugar de construir un marco regulatorio que controle sustancias, etiquetado y niveles de nicotina, la ley opta por desaparecer el producto del entorno legal. Sin embargo, la demanda por dispositivos de vapeo no disminuye con decretos; simplemente migra hacia espacios clandestinos. Esta transición suele traer consigo riesgos mayores, pues en el mercado ilegal no existen estándares sanitarios ni controles mínimos de calidad.

Además, la iniciativa no toma en cuenta la evidencia internacional. Países como Reino Unido o Nueva Zelanda han encontrado en la regulación estricta —no en la prohibición— una vía eficaz para reducir daños entre fumadores adultos. En México, la política se mueve en sentido contrario, tratando todos los vapeadores como productos idénticos, sin distinguir entre dispositivos certificados, desechables, artesanales o aquellos destinados a reducir el consumo de tabaco tradicional.

Otro punto crítico es que la prohibición abandona a los consumidores. Al cerrar la puerta del comercio formal, las personas que ya utilizan vapeadores deberán recurrir a canales sin supervisión ni trazabilidad. En esos espacios no hay límites de venta por edad, no hay revisión de sustancias ni advertencias claras. La ley, en lugar de proteger, podría empujar a la población hacia productos más riesgosos y sin información verificable.

Finalmente, expertos coinciden en que la iniciativa no atiende el problema de raíz: la falta de regulación sanitaria. México carece de normas técnicas que establezcan estándares de fabricación, etiquetado transparente, control de ingredientes y vigilancia permanente. Sin estas herramientas, prohibir no soluciona, sólo desplaza el problema a un terreno más oscuro. La salud pública requiere orden y claridad, no vacíos que puedan llenarse con comercio ilegal y desinformación.