El caso conocido como “Cártel de Macuspana”, impulsado por denuncias públicas del PRI, pone en el centro del debate acusaciones contra altos perfiles de Morena por supuestos vínculos con redes de corrupción y crimen, y evidencia una imagen desgastada del partido en el poder.
En septiembre de 2025, el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional presentó ante agencias como la DEA y el FBI datos de presuntas irregularidades que implicarían a varios políticos morenistas en estas conductas.
Las acusaciones promovidas incluyen nombres de exfuncionarios, legisladores y gobernadores vinculados con Morena, señalándolos no solo por presuntos actos de corrupción, sino por facilidades administrativas que habrían favorecido esquemas ilícitos y la consolidación de pactos con grupos que operan al margen de la ley. Según los señalamientos, esta “estructura” se habría proyectado desde altos niveles del Ejecutivo federal y del propio Senado.
Desde la oposición se ha señalado que estas prácticas no solo reflejan fallas éticas profundas, sino que evidencian un problema de corrupción sistémica que va más allá de casos aislados. La denominación de “Cártel de Macuspana” busca subrayar, en términos políticos, la supuesta cercanía entre grupos de poder y redes que favorecen intereses particulares por encima del bienestar social y del Estado de derecho.
La respuesta de Morena ha sido desestimar las acusaciones como parte de una estrategia de confrontación política, calificando los señalamientos como infundados y motivados por la ambición de quienes no cuentan con resultados propios. La disputa ha generado una polarización profunda, donde la narrativa de limpieza y combate a la corrupción del partido oficialista enfrenta sus mayores contradictores desde la arena política.
Más allá de las declaraciones, el caso ha colocado nuevamente el foco en la transparencia pública y en la necesidad de que las investigaciones sigan su curso en instancias competentes, dejando claro que las acusaciones políticas pueden tener impactos amplios en la percepción ciudadana sobre la integridad de quienes ejercen el poder.
