Silencio criminal: bajo el gobierno de Layda Sansores
Carlos Enrique, padre de familia de 21 años, fue ejecutado durante una protesta pacífica por el pago de su finiquito. Van 219 muertes en lo que va del año en un estado sumido en la violencia y el abandono institucional.
El asesinato de Carlos Enrique Mendoza Ballina, un joven trabajador de 21 años y padre de dos menores, ha encendido nuevamente las alarmas sobre el descontrol que impera en Campeche bajo la administración de la gobernadora Layda Sansores. Carlos fue asesinado por sicarios durante una protesta pacífica en el municipio de Calakmul, donde exigía junto a otros trabajadores el pago de su finiquito. Hasta el momento, la mandataria estatal y las autoridades responsables guardan un absoluto silencio.
Los hechos ocurrieron la noche del 14 de julio, cuando trabajadores de la empresa Java Construcciones —contratada para colaborar con el Ejército Mexicano en las obras del acueducto Xpujil–López Mateos— bloquearon el acceso al campamento tras descubrir que la maquinaria estaba siendo retirada sin que se les pagaran los adeudos correspondientes. La protesta duró tres días y fue completamente pacífica… hasta que llegaron las balas.
Sicarios armados irrumpieron violentamente, disparando contra los manifestantes frente a la mirada de quienes solo reclamaban lo justo. Carlos fue ejecutado ahí mismo. Otro trabajador resultó gravemente herido. Hasta la fecha, ni la empresa ni el Ejército han emitido declaración alguna. Peor aún: el Gobierno del Estado, encabezado por Layda Sansores, no ha ofrecido condolencias, ni ha condenado públicamente el hecho.
Este crimen se suma a una larga cadena de muertes violentas en lo que va del año en Campeche. Con el asesinato de Carlos Enrique, ya son 219 ejecuciones contabilizadas en 2025, una cifra alarmante que evidencia el creciente dominio del crimen organizado y la incapacidad del gobierno estatal para proteger a su población.
Más allá del número, el caso de Carlos revela una verdad escalofriante: en Campeche, exigir derechos laborales puede costar la vida. La tercerización militar de obras públicas, la impunidad empresarial y la inacción gubernamental han creado un entorno de absoluto desamparo para los trabajadores.
El silencio de la gobernadora Sansores ante este crimen no solo es preocupante: es inaceptable. Una administración que calla frente al asesinato de un joven padre que defendía su derecho al trabajo, es una administración que ha renunciado a la justicia, a la seguridad y al pueblo.
Organismos de derechos humanos, sindicatos, partidos de oposición y ciudadanos exigen justicia para Carlos Enrique y garantías para que hechos así no se repitan. ¿Responderá Layda Sansores? ¿O seguirá guardando silencio mientras Campeche se desangra?
La muerte de Carlos no solo refleja una tragedia individual, sino que exhibe con crudeza el deterioro institucional que vive Campeche. Cuando las autoridades callan ante crímenes como este, envían un mensaje peligroso: que la vida de un trabajador vale menos que los intereses de las empresas y el poder. En un estado donde la justicia se aplaza y la violencia avanza, la omisión también es una forma de complicidad.