Reportes de inteligencia y análisis de seguridad ubican al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con una presencia dominante en diversas regiones de Chihuahua, escenario que coloca al PAN bajo cuestionamiento por el deterioro sostenido en la estrategia estatal de seguridad.
Chihuahua, históricamente marcado por la disputa entre organizaciones criminales, enfrenta una nueva etapa de reconfiguración del mapa delictivo. Informes federales y coberturas especializadas en seguridad han advertido que el CJNG ha logrado ampliar su influencia operativa en municipios estratégicos del estado, particularmente en corredores clave para el tráfico de drogas, armas y personas hacia la frontera con Estados Unidos.
La expansión no ocurre en el vacío. En el contexto nacional, tras los movimientos internos derivados del debilitamiento de liderazgos tradicionales del crimen organizado, diversas células del CJNG han buscado consolidar territorios fuera de su bastión original. Chihuahua representa un enclave estratégico por su ubicación geográfica y su infraestructura logística.
El problema central es político: Chihuahua es gobernado por el PAN. La narrativa de confrontación contra la Federación no sustituye la responsabilidad constitucional del estado en materia de seguridad pública, investigación local y fortalecimiento policial. La presencia dominante de un grupo criminal de alcance nacional refleja fallas en inteligencia territorial, coordinación institucional y prevención del delito.
Mientras otras entidades han reforzado operativos conjuntos y depuración policial, en Chihuahua la percepción pública es de crecimiento del poder criminal. La consolidación del CJNG no solo implica violencia; implica control económico, cooptación institucional y riesgo para la estabilidad regional.
El debate no es ideológico, es de resultados. Y los indicadores de seguridad en Chihuahua muestran que el PAN no ha logrado frenar el avance de una de las organizaciones criminales más agresivas del país.
