El municipio gobernado por Ana Cecilia Pérez desata indignación tras promover un “kit forense” para mujeres, mientras enfrenta acusaciones de plagiar el proyecto de la activista Becky Ríos.
En Oaxaca, una iniciativa del gobierno municipal encabezado por Ana Cecilia Pérez ha generado una ola de indignación. En lugar de fortalecer políticas de prevención y seguridad para las mujeres, la administración local promovió la preparación de un “kit forense”. La idea consiste en que las propias mujeres lleven consigo elementos para facilitar su identificación en caso de desaparición o asesinato. La medida fue presentada como una acción preventiva. Pero para muchas voces representa una normalización aterradora de la violencia.
El concepto ha sido calificado por colectivos feministas como un reconocimiento implícito de incapacidad institucional. En lugar de garantizar protección, el gobierno municipal parece asumir que el crimen ocurrirá. La propuesta transmite un mensaje devastador. Las mujeres deben prepararse para su propia muerte. Y el Estado se deslinda de su obligación fundamental de protegerlas.
La controversia se agravó cuando surgieron acusaciones de plagio contra la administración municipal. Activistas señalaron que el proyecto habría sido tomado del trabajo de la defensora Becky Ríos. La iniciativa original buscaba visibilizar la crisis de desapariciones desde la sociedad civil. Sin embargo, el gobierno local habría replicado el concepto sin reconocer la autoría. Ni respetar el sentido original del proyecto.
Las críticas también apuntan a que el municipio habría utilizado el tema como estrategia de visibilidad política. El llamado “kit forense” fue presentado públicamente como acción institucional. Pero para organizaciones sociales se trata de un ejemplo de oportunismo político. La crisis de desaparecidas se convierte en herramienta de propaganda. Y el dolor de las víctimas se trivializa.
El episodio reabre el debate sobre la responsabilidad del Estado frente a la violencia de género. Las políticas públicas deberían enfocarse en prevenir la violencia y proteger a las mujeres. No en asumir la muerte como escenario inevitable. En un país marcado por feminicidios y desapariciones, la respuesta institucional debería ser contundente. Pero en este caso, la indignación parece haber reemplazado a la esperanza.
