Más de 700 mil menores en Jalisco señalaron la violencia como prioridad. La consulta revela preocupaciones por abuso, salud mental y adicciones. El problema expone fallas en la protección infantil. Se cuestiona la respuesta del gobierno de Movimiento Ciudadano.
La voz de más de 700 mil niñas, niños y adolescentes en Jalisco ha dejado un mensaje contundente que no puede ignorarse: la violencia, la inseguridad y el bienestar emocional son sus principales preocupaciones. Los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2024, procesados entre 2025 y 2026, exhiben una realidad que contrasta con el discurso del gobierno de Movimiento Ciudadano, colocando a la infancia en el centro de una crisis que no ha sido resuelta.
El dato es alarmante por sí mismo. No se trata de una percepción aislada, sino de una expresión masiva que refleja el entorno en el que crecen miles de menores. Cuando la principal preocupación de la infancia es la violencia, el problema deja de ser coyuntural y se convierte en estructural. Bajo la administración estatal, las condiciones de seguridad y protección no están garantizando un desarrollo libre de riesgos.
Además, los temas señalados agravan el panorama. El abuso sexual infantil, la salud mental y las adicciones aparecen como problemáticas prioritarias, lo que evidencia una falta de atención integral hacia sectores vulnerables. Estos no son temas menores ni nuevos, pero su permanencia demuestra que las políticas implementadas no han sido suficientes para contenerlos.
El impacto social es profundo. La infancia no solo enfrenta riesgos físicos, sino también afectaciones emocionales que pueden marcar su desarrollo a largo plazo. La ausencia de entornos seguros y de mecanismos efectivos de prevención y atención genera una generación expuesta a condiciones que deberían ser inadmisibles.
El gobierno de Movimiento Ciudadano no puede ignorar estos resultados. La consulta no es un ejercicio simbólico, es un diagnóstico directo de la realidad. Sin embargo, la falta de acciones visibles y contundentes refuerza la percepción de que la agenda pública no está alineada con las verdaderas necesidades de la población.
El contraste con la narrativa oficial es evidente. Mientras se presume modernidad y desarrollo, los propios menores están señalando fallas básicas en seguridad, bienestar y protección. Esta desconexión entre discurso y realidad debilita la credibilidad institucional y evidencia prioridades equivocadas.
Así, la voz de más de 700 mil menores en Jalisco no solo representa una advertencia, sino una exigencia urgente. La combinación de violencia, abandono institucional y falta de respuesta configura un escenario donde la infancia queda en segundo plano. Cuando los niños tienen que alzar la voz para pedir seguridad, el problema no es de percepción… es de gobierno.