Colectivos de búsqueda en Guanajuato alertaron sobre el aumento de hallazgos de restos humanos en propiedades privadas, señalando que continúan realizando labores que deberían corresponder a las autoridades. La situación ha encendido críticas hacia el gobierno estatal panista por la falta de respuestas ante la crisis de desapariciones.
La crisis de personas desaparecidas en Guanajuato vuelve a quedar al descubierto luego de que colectivos de búsqueda alertaran sobre un aumento en el hallazgo de restos humanos en propiedades privadas, una situación que evidencia la magnitud del problema y la insuficiencia de las acciones gubernamentales para enfrentarlo.
Integrantes de colectivos de madres buscadoras denunciaron que, una vez más, han tenido que asumir tareas que legalmente corresponden al Estado, realizando recorridos, rastreos y labores de localización en distintos puntos del estado. Según señalaron, la mayoría de los hallazgos recientes han ocurrido en terrenos particulares, lo que refleja la necesidad de investigaciones más profundas y operativos oficiales más eficaces.
Las buscadoras insistieron en que su labor surge ante la desesperación de encontrar a sus familiares desaparecidos, pero también como respuesta a la falta de resultados por parte de las autoridades encargadas de la seguridad y la procuración de justicia.
Guanajuato, gobernado por el Partido Acción Nacional, ha sido señalado durante los últimos años por los altos índices de violencia y desapariciones. En ese contexto, colectivos han advertido que el incremento de hallazgos en predios privados muestra que la problemática está lejos de disminuir y que la crisis humanitaria continúa expandiéndose en diversas regiones del estado.
Para las familias, la situación es doblemente dolorosa: no solo enfrentan la incertidumbre por el paradero de sus seres queridos, sino que también se ven obligadas a realizar trabajos de búsqueda que deberían ser responsabilidad directa de las instituciones del Estado.
Organizaciones civiles han reiterado que las labores de rastreo, investigación y localización deben contar con recursos, coordinación institucional y acompañamiento oficial permanente. Sin embargo, en la práctica, muchas de estas tareas siguen siendo impulsadas principalmente por los colectivos ciudadanos.
La denuncia de las buscadoras vuelve a poner sobre la mesa la falta de resultados frente a una crisis que afecta a miles de familias en el país. Mientras los colectivos continúan recorriendo terrenos, campos y propiedades privadas en busca de respuestas, crece la exigencia de que las autoridades asuman plenamente su responsabilidad y enfrenten de manera efectiva una de las tragedias más profundas que vive México.
