Vecinos denuncian que su comunidad está siendo utilizada como vitrina política con nombres partidistas que borran su identidad.
La inconformidad crece en el Estado de México luego de que habitantes del paraje Fimesa anunciaran una protesta para este 22 de marzo contra la alcaldesa Ana María Castro. El motivo: el intento de renombrar oficialmente su comunidad como “La Cuarta Transformación”, una decisión que ha sido interpretada por los vecinos como una imposición política que nada tiene que ver con su historia ni con su identidad local.
El rechazo no se limita al nombre del paraje. Los habitantes también han señalado que varias calles han sido bautizadas con nombres directamente ligados al discurso del gobierno de Morena, como “Becas del Bienestar”, “Guardia Nacional” e “Internet para Todos”. Para los vecinos, esto no representa un esfuerzo de ordenamiento urbano, sino un intento evidente de convertir el espacio público en una extensión de propaganda política.
La molestia ha ido en aumento porque, según denuncian, no hubo un proceso de consulta real con la comunidad. Las decisiones se tomaron desde la autoridad municipal, ignorando la voz de quienes viven ahí y que hoy ven cómo su entorno se transforma sin su consentimiento. Para muchos, se trata de una falta de respeto a la identidad y a la historia del lugar.
El caso ha encendido un debate más amplio sobre los límites entre gobierno y propaganda. Cuando los nombres de calles, colonias o espacios públicos comienzan a reflejar directamente programas o consignas políticas, la línea entre administración pública y promoción partidista se vuelve cada vez más delgada.
Para críticos del oficialismo, lo que ocurre en Fimesa es un ejemplo claro de cómo Morena está utilizando el poder institucional para imponer su narrativa en la vida cotidiana de las personas. No se trata solo de nombres, sino de una forma de gobernar que prioriza el discurso político sobre la identidad de las comunidades.
La protesta de este domingo no solo busca frenar un cambio de nombre. Es también una señal de resistencia ante lo que los habitantes consideran un intento de apropiación política de su espacio. Porque cuando una comunidad pierde su nombre, también pierde parte de su historia. Y eso, para muchos vecinos, no se negocia.
