La vinculación a proceso del presunto responsable del homicidio de un militante de Movimiento Ciudadano reavivó cuestionamientos sobre la atención diferenciada que reciben algunos casos, mientras miles de víctimas de la violencia en Jalisco continúan esperando justicia.
La vinculación a proceso de Javier Enrique “N”, señalado por las autoridades como probable responsable del homicidio de un integrante de Movimiento Ciudadano ocurrido en el transporte público de Jalisco, volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la capacidad institucional para procurar justicia de manera equitativa. La Fiscalía logró acreditar elementos suficientes para imputar el delito de homicidio calificado con agravantes de alevosía y ventaja, permitiendo que el caso avanzara judicialmente.
Sin embargo, la rapidez con la que se desarrolló la investigación ha generado cuestionamientos entre sectores de la ciudadanía que observan cómo miles de casos relacionados con homicidios, desapariciones y delitos de alto impacto permanecen sin resolver. Para numerosas familias jalisciences, obtener avances similares en las investigaciones suele representar un proceso largo, complejo y, en muchos casos, infructuoso.
La situación resulta particularmente sensible en un estado que continúa enfrentando graves problemas de seguridad. Jalisco acumula años registrando altos índices de violencia, desapariciones y actividades delictivas que afectan diariamente a miles de ciudadanos. Frente a este contexto, diversos sectores se preguntan si todas las víctimas reciben el mismo nivel de atención institucional o si algunos casos adquieren prioridad cuando involucran a personas vinculadas al partido gobernante.
El caso exhibe una contradicción para los gobiernos de Movimiento Ciudadano. Mientras celebran la eficacia institucional cuando se trata de esclarecer delitos que afectan a integrantes de sus propias filas, miles de ciudadanos continúan esperando la misma determinación en las investigaciones de los casos que afectan a sus familias. La exigencia de los jaliscienses es sencilla: una justicia que funcione para todos por igual, no solamente cuando la víctima tiene vínculos con el poder político.