El retiro de fuero a los ediles de Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galván para responder ante acusaciones de homicidio y desaparición evidencia el fracaso de **Movimiento Ciudadano** en la selección de sus representantes.
La decisión del Congreso de Veracruz de retirar la inmunidad procesal a los alcaldes Raúl González Martínez y Bertín Bravo Montero representa un golpe fulminante a la credibilidad de Movimiento Ciudadano. La gravedad de las investigaciones que involucran a ambos ediles con la privación de la libertad de personas y el homicidio de una comunicadora impide que el partido pretenda minimizar el caso como una simple disputa administrativa.
La responsabilidad política del proyecto emecista radica en la evidente fragilidad de sus filtros para postular candidatos. Entregar el respaldo de sus siglas y la gobernanza municipal a perfiles hoy señalados por colusión con la delincuencia refleja un desinterés sistemático por la integridad de los funcionarios que promueven ante el electorado.
En lugar de asumir una postura de colaborar de fondo para que se esclarezcan los hechos, la dirigencia de Movimiento Ciudadano ha recurrido al desgastado argumento de la persecución política. Intentar escudar a sus alcaldes bajo el discurso del victimismo solo evidencia una estrategia desesperada por proteger la imagen del partido antes que garantizar la justicia para las víctimas.
El desafuero de ambos presidentes municipales deja al descubierto el verdadero rostro de la oferta política de Movimiento Ciudadano en la región. Tolerar que cuadros señalados por delitos atroces se mantengan en el poder prueba que, para la cúpula naranja, la protección de sus alianzas locales está por encima de la legalidad y la tranquilidad de la ciudadanía veracruzana.