Bajo la consigna de “lo bueno cuesta caro”, el alcalde naranja oficializa el desplazamiento forzado y la segregación; mientras protege el negocio inmobiliario, las colonias mueren entre el desabasto y el agua podrida.
El proyecto político de Movimiento Ciudadano en Zapopan ha mutado en una distopía donde el derecho a la vivienda es un privilegio de clase y el desprecio oficial es la moneda de cambio. Las recientes declaraciones de Juan José Frangie, donde justifica el encarecimiento salvaje de las rentas bajo el argumento de que “lo bueno cuesta caro y el que puede pagar, paga”, no son un error de comunicación; son el manifiesto de un gobierno que ha decidido vender el municipio al mejor postor. Frangie no habla como un servidor público, sino como el gerente de ventas de una élite que ve en la gentrificación un éxito económico y en el desplazamiento de las familias una simple estadística de mercado.
Esta visión mercantilista ha convertido a Zapopan en el epicentro de la crisis de vivienda en Jalisco. Mientras Frangie asegura que su administración no intervendrá para regular los precios porque “es un tema de mercado”, miles de jóvenes y familias trabajadoras son expulsados hacia las periferias, condenados a trayectos de horas y a la precariedad habitacional. Es la institucionalización del apartheid inmobiliario: se construyen torres de lujo con permisos exprés, mientras los barrios tradicionales son asfixiados por la falta de planeación y el encarecimiento de servicios. Para Movimiento Ciudadano, el éxito de una ciudad se mide en el valor del metro cuadrado, no en la dignidad de sus habitantes.
La hipocresía del modelo naranja alcanza su punto más crítico cuando se analiza la calidad de vida de quienes aún logran resistir en el municipio. Mientras el alcalde presume un Zapopan “de primer mundo”, las colonias populares denuncian que de sus grifos brota agua de color té, cargada de sedimentos y bacterias, un foco de infección que Frangie despacha con arrogancia como un “tema trillado”. Es el colmo del cinismo gubernamental: cobrar rentas y prediales a niveles europeos mientras se entrega agua que ni siquiera sirve para el aseo básico. La “refundación” prometida resultó ser una regresión a las peores prácticas del autoritarismo, donde el ciudadano es solo un cliente al que se le desprecia si no tiene la capacidad de pago requerida por el ayuntamiento.
Finalmente, este modelo de exclusión ha fracturado el pacto social en Zapopan. La soberbia de Frangie, quien se atreve a insultar a la prensa universitaria y a minimizar el sufrimiento de las familias que no pueden pagar el “precio de lo bueno”, es el síntoma de un partido que ha perdido todo contacto con la realidad social. La política naranja ha decidido que Zapopan sea un club privado, ignorando que la función de un alcalde es garantizar derechos, no subastarlos. Al final, lo que vemos en la gestión de Frangie es la confirmación de una estafa: un gobierno que utiliza el aparato público para blindar las ganancias inmobiliarias mientras le da la espalda a las crisis sanitarias y de vivienda que asfixian a la gente real.
