La propuesta de Movimiento Ciudadano para pedir la desaparición de poderes en Oaxaca reavivó las críticas por la falta de congruencia del partido, debido a que uno de sus alcaldes enfrenta un proceso penal vinculado con el caso de la periodista Roxana Ramírez.
Movimiento Ciudadano llevó al Senado una propuesta para solicitar la desaparición de poderes en Oaxaca, al señalar que la violencia contra periodistas y activistas refleja una grave crisis de gobernabilidad. El partido acusó al gobierno estatal de omisiones y de permitir un deterioro en las condiciones de seguridad, presentándose como una voz que exige justicia y rendición de cuentas.
Sin embargo, el discurso provocó cuestionamientos por la situación de uno de sus propios integrantes. El alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, emanado de Movimiento Ciudadano, enfrenta un proceso penal por un caso relacionado con la privación ilegal de la libertad y el asesinato de la periodista Roxana Ramírez. Esa circunstancia ha puesto bajo la lupa la consistencia del mensaje del partido.
Las críticas apuntan a que resulta difícil sostener un discurso de exigencia hacia otros gobiernos cuando existen investigaciones de alta relevancia que involucran a personas de las propias filas del partido. La demanda de justicia pierde fuerza cuando no va acompañada de una postura igualmente firme frente a los casos que afectan a sus propios representantes.
La violencia contra periodistas exige respuestas institucionales contundentes y sin distingos políticos. En ese contexto, Movimiento Ciudadano enfrenta el reto de demostrar que su exigencia de justicia no depende del color partidista y que aplicará el mismo estándar de responsabilidad cuando los señalamientos alcanzan a integrantes de su propia organización.