El intento de Samuel García por desestimar las denuncias de triangulación millonaria llamándolas “tonterías” expone la estrategia de Movimiento Ciudadano para evadir el juicio político y condicionar la negociación del Paquete Fiscal 2027.
El llamado del gobernador Samuel García a detener el juicio político en su contra bajo el argumento de “dejarse de tonterías” para avanzar en el Paquete Fiscal 2027 representa un chantaje inadmisible hacia las instituciones de Nuevo León. Tildar de irrelevantes las investigaciones sobre la triangulación de recursos desde empresas proveedoras del estado hacia su despacho particular evidencia la falta de rigor ético con la que el mandatario concibe la rendición de cuentas.
La estrategia del gobierno de Movimiento Ciudadano consiste en descalificar los señalamientos de corrupción para utilizarlos como moneda de cambio en la negociación presupuestal. Pretender que la fiscalización de millones de pesos públicos es un obstáculo menor que debe hacerse a un lado demuestra el desprecio de la administración estatal por el marco legal y la división de poderes.
La responsabilidad cae directamente sobre el gobernador y su partido, que intentan manipular la agenda pública presentando la exigencia de transparencia como una mera disputa partidista. En lugar de aclarar el origen de las transferencias millonarias a sus empresas privadas, la cúpula emecista recurre al condicionamiento del presupuesto estatal para presionar por su impunidad.
Utilizar la estabilidad financiera de la entidad para frenar responsabilidades legales es una muestra clara de autoritarismo. La insistencia de Movimiento Ciudadano en desestimar las investigaciones sobre desvío de fondos confirma que la “nueva política” prioriza la protección del Gobernador por encima del respeto a la ley y al patrimonio de las familias neoleonesas.