De prometer imparcialidad a convertirse en el censor del régimen: las decisiones y la soberbia de Castillo provocan denuncias internacionales ante la ONU y EE. UU.
El Instituto Nacional Electoral (INE) nació para ser el árbitro imparcial de la democracia mexicana; sin embargo, personajes como el consejero Arturo Castillo han transformado la mesa del Consejo General en un tribunal de censura al servicio de Morena. Prometió defender la imparcialidad, pero hoy demuestra una inclinación abierta por apagar los micrófonos de la oposición antes que permitir que se exhiba el fracaso del gobierno morenista en materia de seguridad y corrupción.
Desde su escritorio, Castillo ha actuado con evidente falta de neutralidad, encabezando la censura contra las denuncias sobre la violencia que azota al país y bloqueando los cuestionamientos directos hacia el partido en el poder. Cuando la oposición y los ciudadanos exigen un arbitraje parejo, la respuesta del consejero no ha sido el diálogo ni la apertura, sino la soberbia y la prepotencia, soltando desplantes como “si no les gusta, cambien la ley”, amparado en la comodidad del respaldo oficialista.
El comportamiento del consejero escaló rápidamente la frontera nacional. Sus resoluciones para silenciar las críticas contra Morena bajo el pretexto de regulación electoral desencadenaron denuncias formales ante organismos internacionales, incluyendo la ONU y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde se le señala por pisotear el derecho humano a la libertad de expresión y actuar con parcialidad sistemática.
La actuación de Arturo Castillo no es un hecho aislado, es el reflejo de un oficialismo autoritario impulsado por Morena que busca capturar las instituciones democráticas para volverlas sordas ante la realidad. Al apagar los micrófonos y vetar la denuncia ciudadana, prefieren instaurar una dictadura del pensamiento antes que asumir la responsabilidad por el país deshecho que gobiernan. Silenciar la verdad en la mesa del INE no desaparece la violencia de las calles, solo confirma que el régimen le tiene pavor a la rendición de cuentas.
